En un momento dado, dependiendo de la temporada, en los Estados Unidos existen de 1 a 2.4 millones de trabajadores agrícolas, cerca de la mitad de los cuales son indocumentados. Debido a que viven en espacios reducidos, con escaso equipo de protección personal y pocas oportunidades para lavarse las manos con frecuencia, estos trabajadores corren un mayor riesgo de adquirir el coronavirus. Su exposición usual a plaguicidas, polvo y gases de escape de las maquinarias también puede tener efectos nocivos en su sistema inmunológico. Pocos de ellos tienen acceso a servicios de asistencia médica, por lo que se niegan a quedarse en casa cuando están enfermos, ya que, si lo hacen, no reciben paga alguna. Cuando se les ofrecen pruebas de COVID-19, muchos tienen miedo de realizárselas, debido a su situación de indocumentados. Actualmente los obreros agrícolas de los estados del sur están migrando a las regiones septentrionales por la temporada de cultivo, lo que genera un temor generalizado de que esta migración provoque la propagación del virus.
Propagación de la COVID-19 entre los trabajadores agrícolas
Al 13 de julio de 2020 más de 297 000 pobladores rurales de todo Estados Unidos habían dado positivo en la prueba de COVID-19, de los cuales 7841 murieron. En el mapa que se presenta a continuación, proporcionado por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), se compara el número de casos de COVID-19 al 30 de junio de 2020 con los condados donde se estima que están las concentraciones más altas de trabajadores agrícolas. Las zonas rojas tienen una densidad más alta de casos, mientras que las zonas amarillas presentan una densidad inferior. En el siguiente enlace se obtiene información más detallada haciendo clic en un condado:
https://www.ewg.org/interactive-maps/2020-farmworkers-at-heightened-risk-of-covid-19/map/
Aumento en el riesgo debido a condiciones de vida inadecuadas
La vivienda típica de los obreros agrícolas migrantes es una casa estilo dormitorio o un remolque reconstruido en el que de diez a veinte trabajadores comparten dormitorios, baños y cocinas. Estos se trasladan a su lugar de trabajo en camiones y furgonetas, donde la separación entre ellos es insuficiente. Cuando hay puntos de lavado de manos en el campo, estos suelen estar demasiado alejados como para poder acceder a ellos con frecuencia. Brenda Eskenazi, profesora de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, ha ayudado a realizar amplios estudios sobre la salud de las familias de trabajadores agrícolas latinoamericanos en California. Al respecto, señaló que “El tiempo que toma llegar a un punto de lavado de manos puede suponer una pérdida de dinero. Puede resultar realmente difícil lavarse las manos durante 20 segundos y hacerlo muchas veces al día, en especial si a usted le pagan por cada canasta de fresas que recolecta”. En las operaciones de embalaje los trabajadores se colocan cerca unos de otros para clasificar y ordenar los productos agrícolas frescos para su envío.
Aunque a estos trabajadores se les ha considerado esenciales debido al rol fundamental que desempeñan en el mantenimiento del suministro de alimentos del país, el Gobierno federal no ha establecido las normas de prevención del virus como obligatorias, dejando en los terratenientes la decisión de cuáles medidas de seguridad desean adoptar. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) emitieron directrices para los principales sectores del empleo; sin embargo, estas no son obligatorias. Aunque el Departamento de Trabajo puede obligar a los empleadores a seguir dichas directrices en casos de emergencia, hasta el momento ha decidido no hacerlo. Los defensores de los derechos laborales están presionando para conseguir el establecimiento de requisitos legales, a fin de que los trabajadores puedan recurrir a ellos cuando los asuntos de seguridad constituyen una preocupación. Además, la Unión de Trabajadores Agrícolas desea que las agencias federales y los distintos estados demanden licencias retribuidas por enfermedad, acceso a atención médica y viviendas ampliadas para proporcionar un mayor distanciamiento social.
El Departamento de Trabajo declaró que “Debido a la disponibilidad actual de autoridades de ejecución y al carácter flexible de esta crisis sanitaria, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) no considera apropiado aplicar un nuevo reglamento o norma en estos momentos”.
Conscientes de que su capacidad para cosechar podría estar en peligro si un gran número de obreros se contagia de COVID-19, algunos grandes terratenientes han instalado voluntariamente más puntos de lavado de manos y han aumentado la cantidad de viviendas para los trabajadores y de autobuses desinfectados. No obstante, muchos propietarios de fincas pequeñas aún no han implementado ninguna medida adicional de seguridad.
Incremento en la vulnerabilidad debido a una mala salud
Incluso antes de que iniciara la pandemia de COVID-19, muchos obreros agrícolas migrantes presentaban afecciones médicas subyacentes y un acceso limitado a atención sanitaria preventiva. De acuerdo con un estudio del Instituto de Salud Global de la Universidad de California, de los trabajadores agrícolas contratados en California, cerca del 70 % no está asegurado y el 95 % de los empleados por contratistas carecen de seguro médico por medio de su trabajo. Con poco tiempo y dinero para cocinar alimentos nutritivos o para visitar a un médico, muchos padecen de obesidad, altos niveles de colesterol, diabetes e hipertensión, afecciones que incrementan el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. .
Desafíos planteados por las pruebas
Immokalee, Florida, la capital nacional del tomate durante el invierno, constituye el hogar de 25 000 personas durante dicha estación y el inicio de la primavera. Allí, el Departamento de Salud de Florida reportó 1207 casos de COVID-19, lo que representa una tasa positiva de 36 %.
Por primera vez en su historia, Médicos sin Fronteras estableció una clínica en los Estados Unidos, en Immokalee, donde ofrecen pruebas a los trabajadores migrantes, distribuyen productos sanitarios y promueven la aplicación de prácticas de salud pública. La clínica móvil se desplaza de finca en finca para realizar pruebas a los obreros agrícolas; sin embargo, algunos se muestran reticentes a dar su dirección exacta o información de contacto por miedo a ser deportados. Según Oscar Otzoy, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, cuando las agencias los llaman para brindarles los resultados positivos de las pruebas, no hacen preguntas sobre la trazabilidad de los contactos ni les indican por cuánto tiempo deben permanecer aislados.
En Immokalee, una vez finalizada la temporada de tomate, ya no hay trabajo, por lo que los trabajadores agrícolas migran hacia el norte, a campos ubicados en Georgia, las Carolinas, Virginia y Míchigan. Los grupos defensores temen que estos obreros puedan llevar el virus a estos lugares.
“Estamos muy preocupados porque lo peor está aún por venir”, afirmó Bruce Goldstein, presidente del grupo defensor denominado Justicia para los Trabajadores Agrícolas. Al respecto, señaló que “Con la escasa protección disponible, tememos que se produzca un aumento sustancial en los casos de COVID-19 entre los obreros agrícolas”.
Suzanne Driscoll es una escritora independiente de San Petersburgo, Florida. Ha escrito artículos para publicaciones nacionales sobre temas relacionados con negocios, asistencia sanitaria, educación e inmigración.
Nota: Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión del IICA.
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