El complejo escenario social, económico y productivo generado por la irrupción de COVID-19, enfrenta a los países de la región de Latinoamérica y el Caribe a un incierto panorama de corto y mediano plazo, respecto a la capacidad de adaptación y la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, y eventuales consecuencia de largo plazo, no solo para el sector, sino también para el comportamiento global de la economía de la región, fuertemente asentada en la producción y comercio de alimentos.
En lo inmediato, lo más alarmante ha sido la ralentización abrupta de las cadenas de suministros, producto del contagio masivo de trabajadores, o la implementación de medidas sanitaria de aislamiento social y reducción de movimientos, por parte de la autoridad. Más allá del evidente daño económico que ello representa, esto puede acarrear potenciales consecuencias en términos de:
- La salud y bienestar de animales y el deterioro de productos agrícolas,
- La diseminación de plagas y enfermedades,
- La contaminación ambiental,
- La pérdida de inocuidad y calidad de los alimentos,
- La pérdida de seguridad alimentaria (desabastecimiento de mercados),
- La alteración de la paz social
Situaciones que a su vez podrían empeorar ya las frágiles condiciones de salud pública, ambientales, productivas y socioeconómicas. Debido a lo anterior y siguiendo las recomendaciones de la OMS, los gobiernos de la mayoría de los países de la región han declarado a la industria alimentaria como sector esencial, tomando medidas para resguardar los procesos productivos y la logística de distribución e implementando protocolos de prevención y de gestión de contingencias, compatibles con las medidas sanitarias de distanciamiento social y reducción de la movilidad tomadas por la autoridad sanitaria. Ello ha permitido razonablemente la continuidad operativa de las cadenas de suministros de alimentos, no registrándose a la fecha situaciones graves de desabastecimiento, salvo realidades preexistentes, ciertamente agravadas por la crisis.
Más allá de lo anterior, el daño económico generado a la fecha y las proyecciones económicas para los próximos años, muestran un panorama regional sombrío, que requerirá de un significativo esfuerzo de medidas económicas por parte los gobiernos hacia la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, así como la urgente necesidad de generar nuevos equilibrios entre los niveles adecuados de protección de la ciudadanía frente a peligros que afecten la salud pública, la seguridad alimentaria, la competitividad de la industria y la sustentabilidad de los sistemas alimentarios. Ello en primer término, demanda sacar lecciones de la experiencia que nos toca vivir, siendo algunas de ellas:
- El alto grado de incertidumbre que, a pesar de los avances tecnológicos, sigue gobernando en la gestión de riesgos,
- La cada vez más compleja la multidimensionalidad de los peligros y sus impactos obliga a miradas conceptualmente más sofisticadas (paradigma de una salud) y tecnológicamente más complejas (trasformación digital) de la gestión de riesgos de sanidad/inocuidad/sustentabilidad/salud pública, y
- La necesidad de desarrollar una cultura de resiliencia en las organizaciones que permita enfrentar crisis y salir fortalecidos.
Por otra parte, resulta irónico constatarlo, pero esta crisis ha venido a actuar como verdadero catalizador de fenómenos en curso, acelerando la necesidad de dar respuestas a desafíos crecientes en materia de desarrollo productivo y comercial, desarrollo científico y tecnológico y del capital humano, de salud pública y de sustentabilidad social y ambiental. Desafíos que tiene que ver con:
- En lo ambiental: los efectos del cambio climático cuya manifestación más evidente es la intensificación de los fenómenos climatológicos, con consecuencias entre otras cosas en el desplazamiento de los mapas agroecológicos globales y la modificación de los patrones epidemiológicos de plagas y enfermedades. Ello demanda de respuestas que avancen en la mitigación, la adaptación y la resiliencia de sus efectos.
- En lo productivo: la transición de sistemas de producción físicos y analógicos a sistemas informatizados y digitales, a través de la adopción de tecnologías de software y hardware para la sensorización, automatización y robotización, y la interoperabilidad y analítica de grandes volúmenes de información y su utilización, entre otras cosas en una mejor gestión de riesgos e incertidumbres, el desarrollo de nuevos productos, así como en el soporte en procesos de gestión logística, administrativa y de servicios conexos, entre otros.
- En lo socioeconómico: la mitigación de impactos en el empleo y los ingresos de fenómenos coyunturales como el COVID-19 y estructurales como como la transformación digital de la industria a nivel laboral, a través de la reconversión de las competencias y capacidades de los trabajadores, de la adecuación curricular de la educación escolar, técnica, profesional y el fomento a la innovación y el emprendimiento, o la implementación de planes de La generación de oportunidades e integración en territorios y grupos sociales rezagados.
- En lo científico y tecnológico: el impulso de la I+D y la formación de capital humano avanzado, para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas y la innovación, en respuesta a las necesidades de la sociedad con especial foco en temáticas de salud, sustentabilidad y digitalización.
- En lo comercial: la necesidad de adecuación de la oferta a los nuevos patrones y tendencias de consumo de alimentos, teniendo en consideración, en general la demanda de consumidores crecientemente informados, conectados, conscientes, críticos, desafiantes que recurren a formas no tradicionales para informarse y desconfían de la autoridad, cuyas decisiones de consumo son crecientemente complejas e incluyen aspectos éticos, ambientales, sociales, sanitarios, de indulgencia, económicos, entre otros. Y en específico, los efectos post pandemia que el incremento del consumo de alimentos en el hogar, la utilización de plataformas de comercio digital, del despacho domiciliario, la opción por productos locales y el fortalecimiento del proteccionismo comercial.
- En lo sanitario: la tendencia global a la elevación del nivel de protección adecuado en materia de sanidad/inocuidad/calidad, con efectos crecientes de las exigencias en el control de patógenos a través de más estrictas normas de bioseguridad, sanitización e higiene, restricciones en el uso de agroquímicos, medicamentos de uso veterinario, aditivos sintéticos en los procesos productivos y las mayores exigencias. La intensificación de las regulaciones en materia de composición nutricional de los alimentos procesados como respuesta a la pandemia de sobre peso y obesidad y su asociación con la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la población, especialmente joven, con foco en la reducción de nutrientes críticos como sodio, azúcares y grasas saturadas.
- En lo ciudadano: En sociedades en transición, como muchas en Latinoamérica en el último tiempo, hemos asistido al derrumbe de muchas convenciones y costumbres en diversos ámbitos (sociales, culturales, políticos, económicos, productivos, entre otros), los que han sido, o están siendo, reemplazadas por nuevas miradas con estándares más exigentes en lo ético, político, técnico, social, organizacional, etc. El sector alimentario no ha sido la excepción a ello. En los últimos veinte años hemos asistido a una creciente sensibilidad de la población respecto de los efectos de los alimentos sobre la salud y el bienestar. Es un hecho que luego de la actual crisis, la ciudadanía desde sus propias percepciones, exigirá frente a la oferta de alimentos, estándares siempre más elevados, presionando a la industria y a los gobiernos a moverse hacia un otorgamiento de garantías de inocuidad y calidad, siempre por sobre las exigencias regulatorias vigentes.
En síntesis, debemos prepararnos para un mundo post COVID-19, en dónde la vulnerabilidad o sustentabilidad de los sistemas alimentarios en general y de las empresas en particular dependerán, entre otras cosas, del proceso de adaptación política, institucional, económica, tecnológica, productiva y cultural que realicen los países frente a esta nueva realidad de riesgos e incertidumbre. Para ello, el marco de referencia “un planeta una salud” de Naciones Unidas parece cobrar más vigencia que nunca en la búsqueda de modelos de gestión integrada de riesgo multivariados. Por último, la crisis pasará y el futuro es incierto, pero existe, por lo que debemos desarrollar estrategias de resiliencia para enfrentar nuevas emergencias como tarea urgente e ineludible a la que estamos todos llamados, a contribuir: sector público, privado y sociedad civil.
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Michel Leporati Néron, es Director de CERES BCA y Director de transferencia tecnológica de la Universidad de Talca |
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