Crisis en la producción agroalimentaria: perspectivas desde un territorio en Ecuador

El Ecuador tiene alrededor de 17 096 789 habitantes según el INEC (2018), siendo la provincia más poblada Guayas con 3,6 millones, seguida de Pichincha con 2,5 millones habitantes y Manabí con un estimado de 1,4 millones de habitantes.

Según datos evidenciados y registrados en el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad (2017), la pobreza en el campo ecuatoriano era de 43% y desde ese año la cifra sigue en aumento.

El Cantón Cayambe, ubicado al noreste de la provincia de Pichincha, es el tercer cantón más poblado de esta provincia, con un estimado de 110.000 habitantes. Cayambe está conformado por 8 parroquias, 3 urbanas y 5 rurales.
 

Los sectores indígenas-campesinos del Pueblo Kayambi, perteneciente a la Nacionalidad Kichwa, hacen esfuerzos (un trabajo conjunto con el gobierno local de Cayambe) por fortalecer el derecho a la educación intercultural-bilingüe, cuidado de páramos,  huertas agroecológicas manejadas por mujeres jefas de hogar, manteniendo la sinergia entre programas de educación intercultural como: programa “Kintyku Yachay” de saberes comunitarios, valorización chakra andina o huertas en centros infantiles y programas de huertas agroecológicas en colegios. Los resultados son ahora visibles con el apoyo de estudiantes y jefas de hogar ofreciendo alimentos a los sectores vulnerables y a la gente de la ciudad.

Enfrentar al COVID-19 (enemigo silencioso) es complejo. La mayoría de la gente vive el día a día de la producción de leche, cebolla, frutillas, frutas cítricas, aguacates, y también en el sector florícola. Incluso previo al virus, el sector agroalimentario del campo se encontraba en una lucha constante, con poco apoyo del estado. Dentro de la cadena de producción no existe control de los intermediarios, con lo que los precios que pagan no alcanzan para cubrir los costos. Por ejemplo, el costo de la leche cruda se estima en 50 centavos de dólar, en promedio, pero el intermediario paga al productor entre 38 a 42 centavos. Y esto pasa con la mayoría de los productos del campo.

No es fácil actuar cuando hay competencias y funciones que se encuentran reguladas por el estado, y poco conectadas a la realidad del territorio. Por ejemplo, debe existir un convenio de cooperación entre la entidad municipal y el estado central para que el gobierno municipal local pueda intervenir y dote de equipos de salud, o brinde apoyo al sector agro productivo; competencias y responsabilidades que han sido ejecutadas por el estado.

Pese a las circunstancias, el campo no ha parado de trabajar. Ante la existencia del primer caso de COVID-19 con fecha 06 de abril, actualmente Cayambe se encuentra con 5 casos de COVID-19 y 1 persona con alta domiciliaria. La organización de las comunidades y barrios ubicados en el sector rural, han propuesto la alternativa de ubicar controles comunitarios en cada ingreso, siendo este un factor fundamental para frenar o incluso parar el contagio con el COVID-19.

El problema de la propagación del COVID-19 en el sector agroproductivo de los páramos andinos, es en el transporte para la comercialización de los productos agroalimentarios al sector urbano de Cayambe, debido a que la mayoría de los pequeños productores del campo no tienen un vehículo o medios propios para movilizarse a la ciudad. 

El gobierno local debe ser habilitado para atender las necesidades de los agrocomerciantes, suministrando carpas, apoyando con el transporte y la logística, implementando medidas de bioseguridad para los pequeños productores del campo, medidas preventivas de higiene a la ciudadanía, charlas preventivas ante el COVID-19 a los presidentes/as de las comunidades-barrios, y en especial tener las pruebas RT-PCR para la detección del COVID-19. Con ello se puede reducir las cifras de personas contagiadas por el COVID-19 y fomentar una adecuada comercialización en la propia zona, evitando las aglomeraciones de personas. Para ello se pueden habilitar estadios de fútbol o espacios amplios que pueden ser controlados con el apoyo de los presidentes de barrio. La ciudad necesita del apoyo del campo, y el campo necesita que se fomente la economía popular y solidaria y la comercialización directa con precios justos y productos de calidad.

Mediante un trabajo conjunto entre presidentes, alcaldía y entidades públicas de seguridad nacional se puede fomentar la obtención de productos básicos través de tiendas comunitarias (por lo general existe 1 que maneja el Gobierno Comunitario), y de esta forma, solo personas autorizadas puedan acudir de acuerdo con las necesidades de abastecimiento a la ciudad. Establecer las medidas control y seguridad debe ser un trabajo conjunto entre las entidades públicas y las organizaciones de base. 

Por otra parte, las comunidades indígenas-campesinas siempre han fomentado el respeto y cuidado a la naturaleza, cuidado de la madre tierra o pachamama, cuidado del agua, mingas comunitarias, reciprocidad entre comuneros (pambamesas), todo ello fomenta la soberanía alimentaria y el derecho al Buen vivir o Sumak Kawsay; a pesar del bajo apoyo del estado al sector productivo y a la comercialización del pequeño productor del campo, este sector no ha parado de producir alimentos. 

Se debe realizar un llamado al estado, para que brinde el apoyo financiero necesario, en especial al sector de la salud, y dote de pruebas necesarias RT-PCR para la detección del COVID-19. Los gobiernos locales como las alcaldías y los gobiernos parroquiales se encuentran con limitados recursos, a pesar de ser las entidades que caminan, conversan, dialogan y pueden reaccionar de forma inmediata a las necesidades de la ciudad y del campo. Sin embargo, no pueden auto sustentarse por lo que se requiere, de un mayor apoyo del estado.

Realidades distintas en el campo y la ciudad se enfrentan al COVID-19 para evitar una crisis extrema en el sector agro productivo. Es indispensable el apoyo del estado y fomentar, con disciplina rígida, cuarentena absoluta y evite aglomeraciones de personas, se dé la provisión de kits alimenticios de calidad a personas vulnerables, y se brinde el apoyo al sector laboral, especialmente con el financiamiento al sector de la salud. El gobierno nacional y los gobiernos locales deben trabajar juntos, para salvaguardar la vida de las personas más pobres del país.

* Erika Chururuchumbi Rojas, Ing. en Biotecnología de los RR.NN., Comunidad Cariacu-Pueblo Kayambi, Cantón Cayambe-Ecuador.

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